lunes, 28 de marzo de 2011

Los jueces del espanto

Silvina-y-Daniel

Existen innumerables relatos sobre los padecimientos de los trabajadores en la extensa línea cronológica de la historia de la humanidad. El hombre desde que ha comprendido que “ganarse el pan” implica hacerlo con el sudor de su frente, ha ideado la forma de hacerlo sin que sea su fuerza y sudor el que le dé ganancias, que mejor que sea el otro el que trabaje y sude por mí, han pensado muchos en la historia, y así nacieron las primeras comunidades, donde sus líderes contaban con ciertos privilegios, uno de los primeros, el de no tener que trabajar, en Grecia, los “pensadores” eran mantenidos por el resto de la sociedad que no estaba incluída en la toma de decisiones, pero sí, debían aportar para el mantenimiento de los “pensadores”.


Con los años llegaría el concepto de clases, pero bajo el nombre que se le quiera dar lo concreto es que siempre existieron los que fomentan la división de clases y obviamente, la diferenciación en las tareas entre unos y otros, así como las retribuciones económicas para unos y otros.


Esa diferencia de clase, implica diferencias en la educación y por ende una disparidad en las oportunidades. Esto se traduce en menores posibilidades de ingreso en el mundo laboral, menores posibilidades de ingreso en la administración pública, menores contactos para acceder a la salud, a la justicia, y un extenso etc., que no tiene sentido describir porque se vive en el día a día.


Así de desprotegidos estamos todos aquellos que no formamos parte de esa elite nacional, quienes en su mayoría poco de honorable tienen sus antepasados.


Por lo expuesto y siguiendo una línea editorial coherente con lo que consideramos nuestra obligación de informar a los ciudadanos y brindarles un asesoramiento técnico, es que vamos a tratar de como dice el refrán, “ser fiscales del Poder y abogado del débil”.


EL CASO SILVINA PENCO Y DANIEL CICHELLO


El caso de los dos trabajadores Silvina y Daniel, es uno más de los tantos casos que no se resuelven de forma coherente en la Justicia, pero es también un caso particular y único. Por un lado, trabajaron por más de 15 años bajo las órdenes del fallecido economista y periodista Julio Ramos, quien fuera dueño y fundador del medio periodístico. Obviamente que sus salarios eran pagados por el diario, y a pesar de lo que desde el medio se le reclamara al Estado, el diario tenía a varios empleados en negro y a otros con una relación laboral encubierta obligándolos a facturar o terminar la vinculación, el colmo de esto era cuando a ese mismo trabajador además se lo extorsionaba con las facturaciones. Así, Julio Ramos construyo un imperio de poder, el diario le permitió vincularse con jueces, abogados, políticos, empresarios y la crème local.


En el audio y el video que acompaña esta nota escucharemos a los damnificados resumir su triste historia, una historia que los tiene a ellos y a su pequeño hijo como víctimas de una justicia que prioriza a las empresas por sobre los derechos de los trabajadores.


Quizás quienes no hayan tenido que enfrentar un juicio laboral no comprendan el desgaste anímico que implican las demandas laborales, se debe luchar contra empresas que han ido mejorando sus sectores legales y desde el principio le hacen la vida imposible a los demandantes, suelen apelar a estudios jurídicos que posean vinculaciones o contactos en los juzgados y de última se buscan operadores judiciales que por una suma de dinero prometen revertir cualquier sentencia por más fundamento que esta posea, es decir, los caminos se van cerrando para el solitario trabajador despedido, que muchas veces es tentado con un mal arreglo, conociendo que las causas laborales pueden tener estos finales donde lo pretendido y lo correspondido se evapora.


El expediente laboral en cuestión se encuentra caratulado como “Penco Silvina Estrella y Gustavo Daniel Cichello C/ Editorial AMFIN S.A. y otros S/ Despido”, Nº 15.484/2007, en el mismo se encuentra ampliamente documentada la demanda, con los testimonios de los testigos de la parte demandante y los propuestos por la demandada que no hicieron más que ratificar la condición de empleados de Silvina y Daniel, siempre a las órdenes de Julio Ramos, ya que ambos formaban parte del proyecto personal del presidente del diario y era una fuerte apuesta a tener un canal de televisión, mientras tanto, el estudio propio de grabación y edición de video era algo útil para sus intereses personales y para algunos negocios que podía sumar el medio.


Tan importante era ese estudio para Julio Ramos, que lo tenía muy cerca de su despacho privado, y los materiales tanto personales como periodísticos, solo se los confiaba a Daniel Cichello.


Por ese estudio pasaron varios periodistas, políticos y hasta sindicalistas, en ese estudio se filmó el programa que un fallecido dirigente sindical le financiaba a su esposa, la cual dicen solía hablar más de la cuenta al respecto de los ingresos de su marido, una constante en ese estudio donde muchos de esos secretos eran guardados por Ramos, al igual que videos de fiestas de políticos, jueces, abogados y la gente que solía rodearlo, Julio Ramos no solo filmaba con cámaras ocultas a su ex esposa Silvana Suárez, tenía una afición personal por los videos y Cichello era su custodio fiel.


Esta confianza depositada en Daniel Cichello y posteriormente en Silvina Penco, como personas allegadas al dueño de Ámbito Financiero, continuó incluso con Ramos internado, ya que ante la seguridad de una demanda laboral en contra del medio por parte de la pareja de ex empleados, envió a la reunión de conciliación en el SECLO a la Dra. Diana Jure, una ex jueza de menores de Pergamino y última pareja con la que pretendía casarse Julio Ramos, pero falleció antes (igualmente la incluyó en su testamento y le dejó acciones del diario) y el ex Gerente Periodístico del medio Roberto García, los que en virtud de esa confianza les solicitaron a los demandantes un tiempo para ver la forma de acordar las indemnizaciones.


Con la muerte de Ramos, todo cambió para peor en el reclamo de lo adeudado por el medio a la pareja y lo que les correspondía por el despido, la demanda contra AMFIN S.A. y CERCURU S.A. se volvió más dura, fueron cambiando los abogados y los estudios jurídicos que intervenían, 1º el estudio Vítolo (Dr. Daniel Roque Vítolo, Dr. Ricardo Oscar Coll, Dra. Clara Picasso Achaval, Dr. Juan Pablo I. Rosolén, Dra. Guillermina Tajan, Dra. Lucía di Pasquo, Dra. María Agustina Vítolo, Pasante Brian Ellis, Cdor. Elvio A. Anchieri) que entre sus clientes cuenta al Buenos Aires Herald (medio del empresario Vignatti), 2º el estudio De Diego (del Dr. Julián Arturo De Diego), 3º el estudio Adrogué, Márquez, Zabala & Asociados (Dr. Javier Adrogué, Dr. Glauco Carlos Marqués, Dr. José Antonio Zabala, Dr. Luis Ángel Discenza, Dr. Alberto Carlos Luque y el Dr. Federico Pablo Eugenio Ronchetti) siendo la dirección de Orlando Hugo Vignatti, la más áspera, con la representación jurídica del estudio Aguirre Saravia & Gebhardt (Dr. Raúl Aguirre Saravia, Dr. Marcelo Gebhardt, Dr. Jorge Andrés Aguirre Saravia, Dr. Alejandro Figueiras, Dr. Martín Julio Cabral, Dr. Alejandro Daniel Villaverde, Dr. Roberto Raúl Daray, Dr. Mariano Herrera, Dr. Carlos Gustavo Gersovich, Dr. Gonzalo Javier Mayo Nadre, Dra. Analía Alicia Arzeno, Dr. Mariano Palacios, Dr. Pedro Trapaglia, Dr. Juan Manuel Gutiérrez Cabello, Dr. Hernán María Martiré Palacio, Dr. Marcelo Eric Gebhardt, Dr. Matías Hernán Elmo, Dra. Romina Cingolani, Dr. Facundo Montiel, Dr. Luciano Munila Terzy, Dr. Martín Caride Meabe, Dr. Francisco Manuel Santángelo), un buffet de abogados de los más influyentes, con un staff de ex jueces y funcionarios de renombre, algo casi excesivo para enfrentar a dos trabajadores.


A pesar de que todos en el diario conocían la íntima relación entre Julio Alfredo Ramos, Daniel y Silvina, sumado al hecho de que las pruebas presentadas (un DVD con breves videos que muestra a los demandantes trabajando). Daniel Cichello, realizaba todas las tareas que se realizan en un estudio de grabación él solo, se encargaba de la iluminación, de la reparación de los equipos, de hacer de cameraman, de sonidista, y de la edición de los videos y audios, estas tareas múltiples eran uno de los motivos de su trabajo en negro, ya que el Sindicato de Televisión prohíbe que se mezclen las tareas técnicas, el DVD también tiene como dato relevante a la señora Silvana Suárez reconociendo en el programa de la señora Mirta Legrand la existencia en el diario de un estudio de grabación y edición de videos, inexplicablemente, o mejor expresado, con apreciaciones erróneas y un argumento mendaz, la Sala VIII, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con la firma de tres de sus miembros, el Juez Juan Carlos E. Morando, el Juez Luis Alberto Catardo y la Secretaria Alicia E. Meseri, resolvieron:


1)Dejar sin efecto la sentencia apelada y rechazar la demanda.


2)Dejar sin efecto los pronunciamientos sobre las costas y honorarios.


3)Imponer las costas del proceso a la actora


4)Regular los honorarios de las representaciones letradas de los actores y cada una de las demandadas, por la totalidad de los trabajos cumplidos en ambas instancias, y los del perito contador, en el 12%; 16%; 16%; y 8%; respectivamente , de $107.864.-


Así, la justa sentencia vertida en primera instancia por el Juzgado Nº 49, descripta en varias fojas por la Juez laboral, basada en la prueba, los testimonios y el informe de los peritos, se revoca en tan solo cuatro (4) carillas redactadas por el saliente Juez de Cámara Morando, a la que adhiere sin más su par el Juez Catardo, alguien de quien este medio ya ha señalado algunas conductas poco éticas en el desempeño de su cargo, y sobre quien pesan varios pedidos de juicio político y de quien nos han estado llegando varias denuncias de trabajadores que se consideran perjudicados por fallos de dudosa salud jurídica.


CONCLUSIÓN


Personalmente no creo en las coincidencias, no soy naif cuando sobre el Poder Judicial debo hacer un análisis entre las denuncias y las acciones que de los jueces se debe hacer referencia. Nadie ignora que existen “privilegios” ante algunas instancias judiciales que inclinan la balanza de la Justicia de una forma impúdica. Se sabe en los pasillos tribunalicios que jueces son “influenciables” por usar un eufemismo, y con quienes conviene esperar a la otra instancia para buscar alguien que tenga “llegada” a la nueva instancia judicial. Esto es así en todos los fueros judiciales.


Es muy llamativo de que forma la conducta de algunos jueces se modifica según quien represente a alguna de las partes, pero más inquietante es como algunos jueces incluso traicionan sus propios valores morales, y esto lo digo por el hecho de que cuando hace ya unos años atrás, el hijo del Dr. Catardo y la Dra. Muleiro (también jueza) fue denunciado de aprovechar su puesto como secretario de un juzgado previcional para favorecer a amigos, a su esposa y de cometer otros delitos en beneficio personal. Ante estas acusaciones que tomaron estado público y se reprodujeron en varios medios, su madre en representación de su esposo y hablando por la familia, amenazó con iniciar acciones legales a los medios por considerar que se estaba dañando la imagen de la familia y su historia judicial, el tiempo confirmaría las denuncias y la existencia de nuevos elementos que complican más la situación procesal del hijo del Camarista.


¿Qué tiene que ver esto?, que en la medida judicial que se adopto por los jueces de la Sala VIII, no se tuvo en cuenta para nada, el hecho de que los demandantes fueron despedidos sin causa, no se les reconoció su relación laboral, no se les realizaron los aportes jubilatorios correspondientes y con esta sentencia además se les hipoteca el futuro, al dejarlos en la calle. Acaso, ¿alguno de estos pícaros jueces se detuvo a leer y analizar que un hogar, en el que vive un menor, se ha quedado sin ingresos de parte de los mayores?, ¿se puede ser un juez ingenuo y creer que no deberían existir sospechas, cuando es más que evidente que existió una relación laboral y aún así parecería que la Cámara mejora la defensa de la demandada al incorporar una teoría tan descabellada que los propios abogados de la empresa no expusieron?.


Existe una espesa sombra de sospecha en la Cámara Nacional de Apelaciones en el Trabajo sobre varios miembros de las distintas salas que la componen, jueces que no dudan en hacer excelentes seminarios sobre los derechos de los trabajadores, pero que prefieren tomar café, fumar puros o jugar al golf con empresarios, o más lejos aún, existen jueces que en el ejercicio de sus funciones, forman parte de importantes emprendimientos con acciones, algo totalmente incompatible, pero que demuestra la calaña de magistrados que ensucian el honor de los que honran la toga.


Hoy, a Silvina y Daniel, que son pareja, pero no matrimonio (nunca se casaron), no los une el amor, sino el espanto.


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Por Marcelo Ricardo Hawrylciw

domingo, 6 de marzo de 2011

Miguel Ángel Maza Juez de Cámara…

Miguel-Ángel-MazaMiguel Ángel Maza, CUIL 20119553785, con DNI 11955378 Duplicado, nacido el 30/01/1958 de 53 años, es Juez de Cámara, actualmente se desempeña en la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como vocal, en la calle Lavalle 1554 7º piso, presidida por el Dr. Pirolo, Miguel Ángel y con la vicepresidencia de la Dra. González, Graciela. Divorciado desde el año 2003, de la Arquitecta Yolanda Crudo, con quien tuvo dos hijas, Gabriela y Mariana no ha vuelto a declarar cónyuge, ni otros bienes además de los personales.


Ingresó al Poder Judicial de la Nación, el 02 de octubre de 1977 en pleno gobierno de facto con la presidencia de Jorge Rafael Videla, y luego de unos años fuera del ejercicio público, reingresa un 02 de octubre de 1991, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.


Su C.V. indica que egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con el título de abogado (UBA) el 15 de noviembre de 1982 y le expidieron el título el 06 de diciembre de 1982.


Se especializó en derecho laboral y previsional en la Universidad de La Plata durante el período 2001-2003.


Posteriormente realiza en la Universidad de Buenos Aires su doctorado en la especialidad Derecho Laboral, La tesis “La irrenunciabilidad de derechos laborales”, realizada bajo la supervisión de la Directora de Investigación y Plan de Tesis, Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, fue defendida en la Facultad de Derecho de la U.B.A. ante los Jurados designados, Dres. Carlos A. Etala, Miguel A. Sardegna y Carlos Aronna en fecha 29-6-07 obteniendo la calificación “distinguido”.


Este abogado se ha desempeñado paralelamente en el Poder Judicial y en la docencia en diversas casas de altos estudios, ha escrito varios libros sobre derecho laboral y ha participado también como invitado en otros tantos.


Tuvo un breve período como funcionario público entre el 26 de marzo de 1991 y el 30 de septiembre de 1991, como Subdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo de La Nación.


Cargo al que llega merced a sus vínculos con un sector del sindicalismo histórico, ya que se desempeño como Gerente de Asuntos Jurídicos de la Intervención Judicial en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial Buenos Aires (1990-1991), donde llegó por su relación con el actual Diputado oficialista Dr. Héctor Pedro Recalde para quien trabajó como empleado de su estudio jurídico dedicado a temas laborales y asesoramiento a sindicatos.


Actualmente además de su trabajo en la justicia laboral y como docente, declara ser Codirector de la revista de Derecho Laboral, publicada por Rubinzal – Culzoni editores.


A pesar de sus amplias actividades académicas y de formación, uno de los hechos que lo llevó a estar en los medios, fue su orden como Juez Nacional de Primera Instancia a cargo del Juzgado Nº 62, contra el diario La Razón en el año 1999, cuando hizo lugar al reclamo de dos vendedores de diarios, que reclamaban perjuicio económico producto de la distribución gratuita del diario en la estación de Retiro. Luego de un acuerdo entre el diario y empresas de transporte como TBA, Aerolíneas Argentinas, Metropolitano, Austral, Dinar, LAER, Pluna y otras empresas.


El monto del daño invocado por los vendedores de diarios era en uno de los casos $17.- por día y en el otro $7.-, a pesar de que le empresa periodística asumía abonar el monto diario reclamado, el Dr. Maza, impuso una sanción en caso de incumplimiento de $10.000.-diarios si no se cumplía la medida. Por esta medida el Juez, recibió duras críticas.


Por el mes de mayo del año 2006, Maza jura como vocal de la Sala II donde se desempeña hasta la actualidad habiendo realizando distintas subrogancias.


Dentro de esas subrogancias, se desempeño en la Sala III, conjuntamente con los Dres. Luis Alberto Catardo y Alvaro Edmundo Balestrini, con Secretaria del Dr. Leonardo Gabriel Bloise (con quien compartieron la edición de un par de libros). Es justamente en esta Sala Laboral donde una causa judicial hizo un antes y un después en cuanto a la transparencia de algunos miembros de la justicia a la hora de resolver en causas donde una empresa internacional puede pagar abogados con “contactos” y así “manosear” un expediente judicial, con diversas acciones, teniendo un amplio abanico de posibilidades que van desde las clásicas chicanas judiciales, hasta las más sutiles acciones jurídicas, amparados en la íntima relación que los años crean entre miembros de la justicia.


Esas extrañas coincidencias


Si aún hay quienes creen en las coincidencias, existe un común denominador entre los funcionarios públicos y es que la gran mayoría (digo esto simplemente porque no he visto todas las declaraciones juradas) tienen problemas a la hora de confeccionar las declaraciones juradas patrimoniales. Les molesta en demasía cumplir con esta obligación, más aún a los miembros del Poder Judicial, curiosa característica de hombres que se suponen además de administrar justicia deberían ser los primero en cumplir la Ley.


En esta ocasión las coincidencias se volvieron a hacer presente, las declaraciones juradas de los jueces Catardo, Maza y Balestrini, presentan a simple vista errores e incumplimientos dolosos, hasta podrían constituir en algunos casos delitos.


Ya vamos a ir refiriéndonos a los distintos incumplimientos de los magistrados, en este caso obviamente nos referiremos al Dr. Miguel Ángel Maza, quien en su declaración jurada patrimonial del año 2010, declara poseen una propiedad inmueble, más precisamente un departamento en el barrio de Caballito, de tres ambientes y 70 mts. Cuadrados por un valor de $36.588,28 pesos, el mismo se encuentra a metros del Parque Rivadavia, lo que hace que el valor fiscal declarado resulte cuando menos dudoso. En ese sentido, hemos establecido contacto con una inmobiliaria local para consultar el valor de un departamento en la zona, para ello escogimos a la inmobiliaria Bloise, donde la empleada Fernanda nos informa que el costo de un departamento de tres ambientes chico de solo 40/42 mts. cuadrados tiene un valor en dólares de 72.000 ; es decir el metro cuadrado es de un valor de 2880 dólares. Entonces el valor de mercado del departamento en cuestión es de 202160 dólares o 814.700,8 pesos. El origen del bien en su declaración jurada es producto de una sucesión.


También declara dos cocheras una de 18 mts. cuadrados, por un valor de $5.242,48 y otra de 15 mts. valor $8.960,39


En su declaración menciona poseer acciones en BODEN 2013 y 2015, en CITIGROUP (CEDEAR) (un grupo de inversores que cotiza en NYSE), IRSA S.A (la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces y la única inmobiliaria que cotiza sus acciones en la Bolsa de Buenos Aires y en el New York Stock Exchange), Molinos Río de la Plata (es una de las empresas líderes en alimentos de Sudamérica, primera en el país en la exportación de productos con marca argentina y con presencia en más de 50 países), Tenaris S.A (es una empresa del grupo Techint y aunque algunos no lo crean vinculada con la firma sueca Atlas Copco), Cresud S.A. (es una empresa líder agropecuaria, con un importante portfolio y la única que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires y en el NASDAQ de EEUU, además se especializa en la compra, transformación y venta de campos, producción en tierras propias o alquiladas).


Declara como únicos depósitos, una cuenta en Argentina de U$s 27.000 y otra cuenta local con una suma de 4.100 Euros.


Como ingresos declara, $22.671,71 en concepto de Juez de Cámara, $1907,50 como profesor titular regular de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA); $1509,85 como profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA); $1500,00 como Director de la carrera de Especialización en Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Nacional del Nordeste); $1900,00 como Director de la carrera de especialización en Seguridad Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Nacional del Nordeste); $9.163,09 en concepto de adicional por funciones como Juez Subrogante de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.


Agrega que además tiene un ingreso anual de $5.000 como Coodirector de la revista jurídica Derecho Laboral. Y $43.386,66 por contratos y clases de postgrado, en distintas universidades y colegios de abogados.


Conclusiones


Es evidente sin un pormenorizado análisis que estamos frente a un abogado más de esos que tanto rondan por la vida, con la diferencia de que este abogado además es Juez, que integra una Cámara Laboral donde se administra justicia.


Justicia en la cual muchas veces los trabajadores ven como sus demandas son desestimadas, perdiendo años de su vida por nada y sin dignidad.


Para dar un solo ejemplo de la falta de coherencia entre lo que un Juez exige y lo que un Juez hace, en su declaración jurada patrimonial Miguel Ángel Maza, omitió mencionar el total de sus cuentas y patrimonio, por ejemplo, durante el año 2009, el Juez tenía dos cuentas en el Banco Ciudad y otra en el Banco Santander Río S.A por una suma total de $463.000


¿Es solo un error?, alguien con su formación académica, puede omitir completar debidamente su declaración jurada.


La lógica indicaría que las declaraciones juradas deberían ser controladas, pero esto no ocurre, de esta forma hay algunos pícaros que omiten deliberadamente completar correctamente sus negocios.


Mientras, El Sindical sigue esperando los informes patrimoniales pendientes que se están demorando en el Consejo de la Magistratura, un mal ejemplo desde el órgano encargado de evaluar a los candidatos a la justicia nacional y de juzgar la conducta de los jueces.


Guayaquil-227


Audio inmobiliaria Bloise




Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
Editor General diario El Sindical
www.elsindical.com.ar

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